Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado también son beneficiarios de programas sociales de esa misma dependencia, acusó el diputado local del PRI y dirigente estatal de ese partido, Marlon Ramírez Marín, durante la comparecencia del titular de esa dependencia, Guillermo Fernández Sánchez, ante la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social de la LXVI Legislatura.
Ramírez Marín expuso que al consultar el Padrón Único de Sujetos de Derecho y Administración de Información Territorial, se encontraron a 27 servidores públicos estatales, un jefe de departamento y 26 analistas de Sedesol que cobran al mismo tiempo como servidores públicos y como beneficiarios del programa social “Estrategia Sembremos Bienestar Común”.
Tras entregar a Guillermo Fernández Sánchez un listado obtenido de los portales de transparencia, añadió que estas personas presuntamente registradas perciben un total de 331 mil 398 pesos de programas sociales estatales al mes, adicionales a sus ingresos como servidores públicos, con sueldos que oscilan entre los 13 mil hasta los 25 mil 660 pesos mensuales, a lo que se le suma que varios de ellos también son beneficiarios de programas sociales federales como “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
Pidió verificar esta información, “pues en caso de que lo sea, ¿a quién de la dependencia debe atribuirse esta responsabilidad y tenía conocimiento de la duplicidad en el cobro de ingresos en funcionarios y que acciones en materia de transparencia y de procedencia se tomarán?”, aseveró.
Al respecto, Guillermo Fernández Sánchez respondió que se publicaron las reglas relativas a los programas emergentes por covid-19 en 2020 y 2021, y “las reglas no nada más consisten en que los propios funcionarios no lo deban hacer, eso está prohibido, sino que estaban enfocadas en que no se duplicaran programas sociales hacia el público en general, así que esta información que me entrega con nombres, salarios y apoyos, lo voy a revisar y con mucho gusto, en 48 horas de acuerdo al Artículo 154 fracción 8, le contestaré si me lo permite.”
Ramírez Marín también le entregó un listado de empresas constituidas en 2019, a las que se les ha adjudicado obra pública de manera directa, fraccionada o por invitación, y cuestionó la razón por la que se hizo uso de la figura de adjudicaciones directas en múltiples ocasiones a la empresa Proyectos y Construcciones Arema SA de CV, a la que se le han adjudicado más de diez millones de pesos, y a Ridali Proyectos y Construcciones SA de CV.
Guillermo Fernández aceptó que la empresa Arema sí ha participado en licitaciones públicas y también ha recibido adjudicaciones, lo cual justificó diciendo que cuenta con su acta constitutiva, experiencia y la cantidad de obras y organización que se requiere para afrontar un contrato de este tipo; en cambio, de Ridali dijo no tener el dato, “no es una empresa que tenga en la mente.”
Marlon Ramírez invitó al Secretario a revisar a la empresa Ridali, pues fue creada en 2019, tiene contratos en Sesver, SIOP, Espacios Educativos y Sedesol, y su representante legal se desempeñaba como Jefe de Departamento de CECYTEV, lo que violenta el Artículo 45 de la Ley de Adquisiciones y el Artículo 52 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz.
Finalmente, indicó que le hará llegar un listado de empresas constituidas en 2019, dos meses después que llegara la actual administración estatal, que han obtenido obras en la actual gestión, e insistió en que todos los cuestionamientos hechos al secretario, son sustentados en la información de transparencia que el mismo gobierno y sus dependencias proporcionan.
