Andrés Manuel López Obrador, y cualquier funcionario público, tiene prohibido pronunciarse sobre la revocación de mandato, pese a que aún se desconoce si dicho ejercicio se realizará. De lo contrario, el Instituto Nacional Electoral (INE) actuará de oficio y dictará medidas cautelares, apunta un acuerdo tomado al interior de dicho instituto.
«El presente pronunciamiento tiene como destinatarios a los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno, especialmente y de manera destacada al Presidente de la República y al Vocero de esa dependencia pública.
«A fin de que, en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcándoles la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para realizar cualquier referencia que implique la promoción y propaganda relacionados con el proceso de revocación de mandato o inmiscuirse en asuntos de esta índole», establece el acuerdo.
En el documento aprobado por la Comisión de Quejas, el cual será notificado al Primer Mandatario, se insiste en que su «obligación es conducirse con imparcialidad y neutralidad».
Ayer, el INE resolvió una denuncia del representante del PRD, Ángel Ávila, en la que exigía aplicar medidas cautelares, en la modalidad de tutela preventiva, para ordenar al Primer Mandatario suspender cualquier mención sobre la revocación de mandato.
Ésta se declaró improcedente por los consejeros, quienes afirmaron que aunque se percibe que en el llamado que hizo el tabasqueño, el 3 y 5 de noviembre para que la ciudadanía participe en la revocación, hay ilegalidad, no es suficiente para determinar que en el futuro usará recursos públicos con fines de promoción y propaganda.
Sin embargo, acordaron hacer un pronunciamiento para llamar al Primer Mandatario a la neutralidad.
«Si se realizan conductas posiblemente antijurídicas, continúan o se repiten en lo futuro, entonces esta Comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales», añade el acuerdo.
Durante la sesión, los consejeros insistieron en que el Presidente se encuentra imposibilitado para opinar e informar acerca de la continuidad en su cargo, en todo tiempo, no hasta el lanzamiento de la convocatoria, pues así interpretan la sentencia del 1 de noviembre del Tribunal Electoral.
Alertaron sobre una conducta repetitiva del Primer Mandatario, pues el año pasado rompió la neutralidad al hablar del proceso electoral, le pidieron no hacerlo, no cumplió y el INE aplicó medidas cautelares, como ordenar frenar sus dichos y bajar de internet las conferencias mañaneras denunciadas.
«Se está advirtiendo que no corresponde al Presidente de la República ser el promotor de la revocación, él es el objeto de ese ejercicio para determinar si continua en su cargo o no. De quien es el derecho es de los ciudadanos.
«Ojalá el Presidente se comporte dentro del marco constitucional, no es mucho pedir, la verdad», aseguró el consejero Ciro Murayama.
La Unidad Técnica de lo Contencioso notificó al Presidente de la República, a través de su Consejero Jurídico, y al Vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, sobre la denuncia en su contra, pero ninguno respondió al INE para considerar su posición.
Debido a que el PRD acusa uso de recursos públicos para promover la revocación, lo cual está prohibido en la Constitución, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral tendrá que analizar el fondo de la queja.
