Una mujer que sufrió un aborto espontáneo en un centro comercial del municipio de Oluta, en el sur de Veracruz, permanece encarcelada y ha sido criminalizada y revictimizada por la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns.
El pasado 22 de mayo, Diana Patricia –quien pertenece a una familia de escasos recursos- se encontraba en un centro comercial de aquella localidad cuando sufrió un aborto espontáneo, producto de la violencia física que sufría por parte de su cónyuge, con quien ya había procreado otros tres hijos.
Pero en lugar de recibir asistencia, fue buscada y detenida por las autoridades ministeriales, que la acusan de haber asesinado al bebé –del cuyo embarazo de aproximadamente seis meses llevaba un control médico estricto, pues además de deseado, era de alto riesgo- luego del aborto que sufrió en el baño de la tienda en la que se encontraba, donde abandonó el feto ante el shock que le produjo la circunstancia.
Diana Patricia se encuentra presa en el penal de Acayucan acusada de domicilio doloso, “defendida” por un abogado de oficio que no ha hecho más que pedirle dinero a la familia y criminalizada por la propia Fiscalía de Veracruz.
El 28 de junio, en un boletín la Fiscalía dio por hecho que la madre asesinó a su bebé afirmando que éste nació vivo y que había muerto por anoxia por sofocación, misma que pudo presentarse entre otras causas, por sufrimiento fetal previo al parto producto de la violencia de la que la mujer había sido víctima.
En ese sentido, representantes de sociedad civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, así como representantes de diversas organizaciones y activistas acusaron que la actuación de la Fiscalía General del Estado “da muestra de la grave violación de los derechos de las mujeres, la violación a su presunción de inocencia, la falta al debido proceso ante los casos de aborto, respecto del cual el Estado veracruzano y los órganos autónomos se niegan a reconocer como el problema público que es y en cambio criminalizan y persiguen a las mujeres que los cometen”.
A través de un pronunciamiento público, señalaron que “el caso del aborto ocurrido en Oluta y que mantiene desde hace un mes presa a una mujer en la cárcel de Acayucan luego de haberle abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso, no es el único en Veracruz, ya que en 2017 hubo diez mujeres encarceladas por este hecho, procesadas por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco, estrategia legal que observamos se intenta hacer en este caso de 2021”.
“Mientras que en otras entidades más progresistas hoy se celebra el avance legislativo de haber aprobado el aborto hasta las 12 semanas, en Veracruz una mujer está encarcelada desde hace un mes por abortar y permanecerá ahí hasta diciembre, cuando vence el término establecido por las autoridades.
“Ambos hechos sobre los cuales emitimos el presente pronunciamiento tienen un mismo origen: la desatención y la falta de priorización que las autoridades veracruzanas han evidenciado en su gestión con respecto a los temas relacionados con la agenda de las mujeres, ante lo que nosotras elevamos nuestra voz en protesta y conminamos a que se actúe con apego al compromiso expresado por el Gobernador del Estado cuando el 25 de enero de 2018 hizo público el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, comprometiéndose a que fuera el eje rector de su gobierno, lo que no ha sucedido hasta ahora”, sentenciaron.
