Por Miguel Casillas
A principios de julio de este año, irá saliendo publicada la convocatoria de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana para elegir rector para el periodo 2021-2024. Por Ley, la Junta tiene las atribuciones para definir las características del proceso. Normalmente hay un periodo de registro, luego otro de presentaciones ante la comunidad y luego hay una deliberación interna para designar la futura rectoría de la UV. Los criterios de participación definidos por la Ley Orgánica son muy amplios, diseñados el siglo pasado.
Artículo 37. Para ser Rector se requiere:
- Ser mexicano por nacimiento;
- Ser mayor de treinta y menor de sesenta y cinco años de edad, al momento
de su designación;
III. Tener cuando menos cinco años de servicio docente, de investigación o de difusión de la cultura y extensión de los servicios, preferentemente en la Universidad Veracruzana;
- Haberse distinguido en su especialidad; y
- Poseer título de licenciatura y preferentemente haber realizado estudios de posgrado, y publicado obra en el área de su especialidad.
En medio de la pandemia y de las políticas sanitarias para su contención, el proceso para renovar la rectoría de la UV estará atravesado además por el periodo vacacional de tres semanas en julio, limitando gravemente las posibilidades de participación de la comunidad.
Más allá de todas las posiciones críticas que sostenemos sobre la insuficiencia y las limitaciones de las juntas de gobierno en las universidades, es necesario asumir que en medio del proceso sucesorio es imposible cambiar las reglas del juego institucional y por tanto debemos ajustarnos a ellas. Sí se pueden cambiar las reglas, pero para ello debemos transformar la Ley Orgánica y mientras eso no suceda la sucesión rectoral en la UV se decidirá en un entorno de normas y procedimientos establecidos por la Junta en su convocatoria. En efecto, la Junta tiene la facultad de diseñar el proceso en cada ocasión.
Después del desastre que fueron los últimos dos procesos en donde privaron los intereses políticos sobre los académicos y donde la Junta fue cómplice de un atropello tras otro, a partir de la autocrítica es posible reconsiderar algunas cuestiones. Por ejemplo, es inadmisible que la Junta vuelva otra vez la espalda a los universitarios y sus notables integrantes supongan que son más sabios que la comunidad de estudiantes, trabajadores y profesores de la Universidad: los integrantes de la Junta se deben a la comunidad y fueron nombrados por el Consejo Universitario bajo un acto de confianza en donde se les encarga una tarea específica, para que la asuman con autonomía de las presiones sociales, económicas o políticas privilegiando el bien de la institución y de su comunidad. En el mismo sentido, es inadmisible que prime la manipulación, o el interés de uno o varios de sus integrantes para el beneficio privado o de grupo, por sobre el sentido colegiado de la decisión. Es inadmisible también que hasta ahora haya predominado la opacidad y la secrecía en los procesos, cuando deberían de ventilarse de modo transparente ante la comunidad. En el contexto actual no sería equívoco que la Junta tratara de recuperar la legitimidad perdida entre la comunidad, por ejemplo, todas las sesiones de la Junta deberían de ser transmitidas en vivo por TV UV y por las redes sociales de la Universidad, sus decisiones y acuerdos deberían ser difundidos ampliamente, y no debería ser descabellado que alguna vez recurriera a la consulta a la comunidad que dice representar.
Además de los criterios establecidos por la Ley Orgánica, la Junta debe establecer exigencias de participación que garanticen que la persona que sea designada para la Rectoría tenga un profundo conocimiento de la Universidad, de sus problemas y retos, de su comunidad y de sus aspiraciones por una educación de excelencia. La Junta debe decidir entre los mejores aspirantes y no puede convertirse en un órgano político que favorezca a un grupo de interés.
El primer criterio es el predominio de los criterios académicos y la valoración meritocrática de los referentes académicos principales: la antigüedad y el reconocimiento en la docencia; la experiencia y la valoración en la producción del conocimiento; la originalidad y la trascendencia en la creación artística. Para esto hay indicadores precisos como la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores o al Sistema Nacional de Creadores, los premios y reconocimientos académicos, la pertenencia a asociaciones científicas, la experiencia dirigiendo tesis de todos los niveles, la participación en proyectos culturales y científicos. Es indispensable que el próximo rector sea un líder académico.
Otro referente ineludible es el compromiso con la UV y su comunidad que derivan de su conocimiento, de su involucramiento en su desarrollo reciente, en su contribución efectiva al fortalecimiento de sus funciones, de su dimensión organizacional, de su gobernanza y de su vinculación. Es indispensable que el próximo rector conozca a la Universidad en sus regiones y en sus áreas, que valore la diversidad y se comprometa con la descentralización y el fortalecimiento de la UV en sus regiones.
Es necesario que la Junta garantice un proceso mediante el cual sea designado un rector que conozca a la comunidad y se identifique con sus causas y necesidades, que sea empático con los trabajadores y estudiantes, que comprenda, valore y se comprometa a resolver sus problemas.
La Junta tiene que privilegiar la honestidad y la austeridad y cerrar el paso a quienes lo que pretenden es utilizar a la UV como un patrimonio privado o de grupo, al servicio de unos cuantos y para su beneficio personal.
La Universidad requiere de un nuevo liderazgo capaz de conducir a la Universidad por el rumbo de la excelencia y un nuevo paradigma orientado al fortalecimiento de su proyecto académico.
